Algo importante se mueve bajo las aguas, antes aparentemente calmas, de la economía y la política democrática. Desde hace algo más de una década, la insatisfacción sobre el comportamiento de la economía en algunos aspectos, los emergentes horizontes tecnológicos y un visible malestar de amplios sectores sociales han dado paso a crecientes deseos de renovación del contrato social vigente.

En el orden de las ideas el cambio es perceptible. Los dogmas que marcaron el final del siglo xx han dado paso a una conversación más abierta. Preguntas cruciales como cuál es el propósito de la empresa, qué papel han de jugar los Estados en la economía, por qué importa la desigualdad, cómo repartir mejor los riesgos entre Estado, empresas y trabajadores, o conciliar la búsqueda de la eficiencia económica con la justicia social tienen ahora nuevas respuestas.

La pandemia, con sus efectos de parada inducida y nuevo arranque, ha acelerado esos cambios, de modo que algunos procesos de transformación parecen proyectarse inexorablemente hacia el futuro. Destacan la llamada doble transición, tecnológica y medioambiental, la ruptura de lo que hemos conocido como globalización o las encrucijadas políticas asociadas al malestar. De todo ello emana la oportunidad de avanzar hacia una nueva prosperidad, pero el camino estará plagado de dudas y riesgos.